Interceda contra la Ley Antigays en Uganda


Petición dirigida a: José Manuel García-Margallo

Esta petición será entregada a:

Ministro de Exteriores
José Manuel García-Margallo

Hace unos meses estuvimos en Uganda rodando el reportaje “La caza al homosexual”. Volvimos tan inspirados por el coraje de los activistas que allí conocimos que queremos hacer algo para apoyarles frente a las amenazas que sufren cada día.

El Parlamento de Uganda va a debatir en breve la Ley Antihomosexual, conocida también como “Ley MataGays”. Entre otras barbaridades, este proyecto de ley presentado al parlamento el 29 de octubre de 2009 por el diputado David Bahati, contempla la pena de muerte y cadena perpetua para las personas homosexuales así como severas penas para los ugandeses que mantengan relaciones homosexuales aún estando fuera del país, a los que conozcan a una persona homosexual y no lo denuncien a la policía, y a los miembros de organizaciones que defienden los derechos de los gays y lesbianas. Una barbaridad.

Por eso hemos creado esta petición para pedirle al Ministro de Exteriores que interceda ante la Unión Europea y ante las autoridades de Uganda para que no sea aprobada ni entre en vigor la Ley Antihomosexual.

La aprobación de esta ley pondría en jaque la vida de los más de 500.000 personas homosexuales que viven en Uganda, a los que muchos políticos y pastores radicales acusan de atentar contra la tribu y la sociedad en su conjunto. La aprobación de esa ley sería la adopción de la homofobia como política de Estado.

Apoya a toda este gente valiente que lucha por su derecho a amar a quien quiera. Firma la petición y pídele al Ministro García-Margallo que interceda ante la Unión Europea y ante las autoridades de Uganda para que no sea aprobada la Ley Antihomosexual.

Jon Sistiaga y Hernán Zin

Para:
José Manuel García-Margallo, Ministro de Exteriores
Interceda contra la Ley Antigays en Uganda

Atentamente,
[Tu nombre]

AYUDA Y FIRMA LA PETICIÓN:  PULSA AQUÍ PARA FIRMAR LA PETICIÓN

Anuncios

La caixa cobra 2 EUROS de comisión a sus usuarios por un simple ingreso ¡¡¡ VERGONZOSO!!!


A llegado a Maxileaks una noticia, se dice que la caixa cobra a los usuarios de su servicio la desproporcionada comisión de 2 EUROS por efectuar un simple ingreso, aunque este ingreso vaya destinado a una cuenta de un cliente de la propia caixa, ¡¡¡VERGONZOSO!!!, ¿es que no se les cae la cara de vergüenza a estos señores? ¿Es que no ganan suficiente dinero al cabo del año a costa de los pobres? ¡¡¡Y LO PEOR DE TODO!!! ¿como cojon… la gente sigue permitiendo este tipo de abusos?(refiriendome a sus propios clientes.)


Francamente me parece un ¡¡¡ATRACO A MANO ARMADA!!!.
Desde Maxileaks instamos a todos los clientes y usuarios de esta caja, a que cierren sus cuentas  y lleven su dinero a otro banco o caja que valore más a sus clientes y a su dinero. A ver si nos enteramos, ¡¡¡LOS BANCOS Y CAJAS VIVEN DEL PUEBLO!!! sin el pueblo (clientes) ¡¡¡NO SON NADA!!! No podemos seguir permitiendo que este tipo de entidades o personas que hay detras de ellas, sigan haciendo lo que les da la gana y extorsionar a sus usuarios porque les da la gana, por favor, ¡¡¡2 EUROS POR UN PUÑETERO INGRESO!!! VAMOS QUE DE 20 EUROS ME COBRAN EL 10 %. LLEVAROS VUESTRO DINERO A OTRO LADO Y ASÍ VERAN QUIEN SON SUS SUSTENTOS.
Maxileaks: saber la VERDAD es un derecho

No a la indemnización de 200.000 euros a Dívar, dimitido por corrupción


El pasado 21 de junio, por la presión popular y las denuncias de cinco de los vocales del Consejo, Carlos Dïvar se vio obligado a dimitir como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS). La máxima autoridad judicial del estado dijo que “estaba en una situación insostenible”.

La realidad es que diversos medios de comunicación publicaron el escandoloso ritmo de vida que este señor llevaba en su ejercicio profesional, con al menos 32 viajes registrados de “larguísimos fines de semana” a Marbella y otros destinos en condiciones de lujo.

Ahora, un mes después, el Sr. Divar acaba de renunciar a su pensión para solicitar una “indemnización” por haber dimitido de su puesto repentinamente por valor superior a 200.000 Euros.

El CGPJ dice que “es de ley”. La persona que peor ha dejado a la justicia española en su historia está solicitando una “indemnización” al haberse visto obligado a salir de su puesto por su falta de profesionalidad y el dudoso uso de los privilegios de su cargo.

Creo sinceramente que pocas cosas pueden crear tanta alarma social como que un corrupto vaya a recibir dinero público como “indemnización” tras un mal uso fondos públicos.

Si esto es algo que se produce “por ley” como han apuntado, esa ley es injusta y debe ser modificada.

Fuente: peter jensen

Reimplantación del IVA de Lujo de al menos el 33%


Reimplantación del IVA de Lujo de al menos el 33%
————————————————————————–

Ante la grave crisis económica que sufre nuestro país y dado que el propio Presidente del Gobierno ha pedido un “gesto” de solidaridad a “todos los españoles”, que él mismo ha interpretado aplicando a TODA la ciudadanía la subida del IVA, impuesto indirecto que afecta a todos los consumidor@s, SOLICITO AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE, CON CARÁCTER URGENTE, VUELVA A IMPLANTAR UN IVA ESPECIAL PARA ARTÍCULOS DE LUJO, GRAVADO AL 33%, como mínimo.

Estimamos que si en su momento existió fue porque era razonable poner un impuesto más alto a los artículos “de lujo”, igual que existió y existe un IVA reducido para artículos de primera necesidad. Ahora esta medida sería más razonable y justa que nunca. No es ni social ni económicamente justo que se apliquen los mismos impuestos a un artículo BÁSICO y necesario para el normal desarrollo de la vida diaria de las personas, que a un bien de consumo o servicio que no lo sea.

Además, dicha modificación permitirá que se incrementen los ingresos del Estado, algo que redundará en beneficio de tod@s, en un momento tan difícil como éste y quizá consiga un mayor efecto recaudador que el esperado con la anunciada subida de los tipos General y Reducido y con el paso de productos y servicios hasta ahora englobados en el tipo Reducido al tipo General, aprobado la pasada semana.

En el posible caso de que dicho cambio normativo pudiese invadir competencias de normas procedentes de fuera de nuestro Estado, instamos a este Gobierno a que, como representante del Pueblo Español, defienda, en todos aquellos foros en los que sea necesario, este cambio impositivo, por Justicia Económica, pero sobre todo por Justicia Social.

Atentamente: Víctor Terrón Bañuelos

El Ministerio de Fomento va a gastar 190.000 euros de presupuesto para retratar al Álvarez Cascos


El Ministerio de Fomento va a gastar 190.000 euros de presupuesto para retratar al Álvarez Cascos (exministro de Fomento del PP en la época Aznar). Dinero que sale del bolsillo de todos en el momento menos oportuno.

La situación española actual no puede permitirse el gasto de 190.000 euros en un cuadro de un ministro mientras hay recortes en educación y sanidad, aumento de impuestos para más recaudación, etc.

El cuadro de Cascos ha sido encargado por el exministro Pepe Blanco (del PSOE). Y es que los políticos tienen la costumbre de que, después de dejar su cargo, su sucesor les encarga un retrato “de recuerdo” para la galería del Ministerio. Un recuerdo que pagamos todos. En marzo de 2012 se acordó invertir 100.000 euros para los retratos de los dos ex presidentes del Congreso.

¿Es oportuno invertir 300.000 euros en tres cuadros en solo 4 meses?

La situación actual debe establecer prioridades, y no me parece que un cuadro de un exministro se pueda considerar una prioridad. La única prioridad es abandonar este tipo de gastos innecesarios y acabar con esta costumbre de la clase política española.

Fuente Jose Espejo

La Constitución española garantiza el derecho al uso del español en todo el territorio nacional.


La Constitución española garantiza el derecho al uso del español en todo el territorio nacional. Sin embargo, este derecho fundamental se está violando sistemáticamente en diferentes Comunidades Autónomas independientemente que sean gobernadas por el PP, el PSOE o partidos nacionalistas como PNV y BNG. La libertad lingüística alcanzada en Galicia es la excepción hasta ahora y el punto de partida.

Mientras el discurso del PP a nivel nacional es el de la libertad, sin embargo en la Comunidad Valenciana donde gobierna está imponiendo la obligación de estudiar en valenciano sin que los padres puedan elegir el idioma en el que educar a sus hijos. Actualmente existe para el 80% de la población sólo dos únicas opciones en la solicitud de escolarización, que son:

– Enseñanza íntegra en valenciano

– Inmersión progresiva al valenciano, en el que cada año de escolarización se tienen más horas en este idioma hasta que se produce la inmersión total.

Por otra parte, en zonas interiores de la actual Comunidad Valenciana, poco pobladas, donde nunca se ha hablado el valenciano si se permite en la solicitud de escolarización elegir el español como lengua vehicular de enseñanza. El idioma debe ser un vehículo de comunicación y en ningún momento un instrumento ideológico que lleve a la exclusión y a la construcción de una sociedad a imagen y semejanza de una oligarquía política que sólo encuentra en la exaltación de la diferencia su razón de ser y su garantía de permanencia en el poder.

Toda está política de inmersión lingüística no está dirigida al respeto de la libertad inherente que tienen los padres a elegir lo mejor para sus hijos, ni a la mejora de la calidad de la enseñanza. Es una realidad, avalada por las estadísticas, que el fracaso escolar aumenta cuando se enseña en un idioma diferente al empleado en la familia. La Constitución española garantiza el derecho al uso del español en todo el territorio nacional. Sin embargo, este derecho fundamental se está violando sistemáticamente en diferentes Comunidades Autónomas independientemente que sean gobernadas por el PP, el PSOE o partidos nacionalistas como PNV y BNG.

Dado que la sociedad valenciana está formada por una realidad lingüística plural, que el derecho a elección corresponde a los padres y no al poder político y que la convivencia lingüística del valenciano y el español ha sido una realidad histórica que nunca generó problemas excepto con el actual gobierno.

El psoe no quiere que los vigilantes de seguridad sean considerados agentes de la autoridad


EXTRACTO DE LA COMISION DE INTERIOR 161/000581 DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha formulado “su particular y poco amiga del sector” proposición no de Ley sobre la Reforma de la Ley de Seguridad Privada.

Extracto

“Una nueva ley de seguridad privada, o la reforma para adecuar la existente, deberá, no solo mantener, sino también reforzar los elementos esenciales que han configurado el modelo de seguridad privada actual y por tanto la definición de la seguridad privada como subordinada y complementaria de la seguridad pública y como elemento que garantice y respete el derecho a la intimidad, honor, la confidencialidad y la protección de datos e informaciones de carácter personal.

Las actividades que se puedan definir como de prestación a través de servicios y personal de seguridad y las condiciones de este personal, no deberían menoscabar las funciones propias de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En este sentido, no debe reconocerse, en ningún caso, la condición de agente de la autoridad al personal que presta servicios de seguridad privada , tal y como establece la Ley 10/2011, de Cataluña, de simplificación y mejora de la regulación normativa, Ley que se publicó en el Boletín oficial de Cataluña el 30 de diciembre y en el BOE el 14 de enero, la cual en el Título V, ámbito de seguridad, artículo 79, modifica la Ley 4/2003, de Ordenación de la Seguridad Pública, añadiendo dos Disposiciones Adicionales donde se atribuye la condición de agentes de la autoridad al personal de seguridad privada cuando presten determinados servicios de vigilancia en transportes públicos de Cataluña vinculados a servicios de la Generalidad de Cataluña.

En la legislación estatal, en la ley de seguridad privada de 1992,el personal de seguridad privada no tiene atribuida la condición de agente de la autoridad en ningún supuesto y así deberá seguir siendo.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña tampoco atribuye competencias a la Generalidad para regular por ley esta materia.

En el artículo 163 asume la ejecución de la legislación del Estado en materia de seguridad privada y en el 164 en materia de seguridad pública tampoco tiene título competencial para regular esta materia. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre la competencia en materia de seguridad en los recursos resueltos por la STC núm. 154/2005, de 9 de junio (BOE de 8 de julio de 2005) resolviendo conflictos planteados por la Generalidad de Cataluña frente a la normativa estatal de seguridad privada. En ella se determina con claridad el alcance de la competencia estatal y la autonómica y la diferencia entre seguridad pública y seguridad privada y en ningún caso atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de «legislación» en materia de seguridad privada.

La consideración de agente de la autoridad a personal de seguridad privada supondría dar un paso sustantivo en la configuración de la seguridad privada, bien al reconocer que tienen mando o jurisdicción propia o bien porque participan en el ejercicio de «funciones públicas » lo que desdibujaría su conformación como servicio complementario y subordinado de la seguridad pública y supondría colocar en el mismo plano de servicio público la seguridad pública y la seguridad privada.

Palacio del Congreso de los Diputados,24 de abril de 2012
Pedro José Muñoz Gonzalez, Diputado
Eduardo Madina Muñoz, Portavoz

Fuente: Boletín Oficial Cortes Generales, Congreso de los Diputados 14-05-12

Desde maxileaks mostramos nuestra repulsa a esta forma de pensar del partido socialista y además proponemos que el sr Alfredo Perez Rubalcaba trabaje como vigilante de seguridad tan solo una semana así quizas se de cuenta de lo necesario que es restablecer esta condicion en el sector.

Los medios públicos deben tener blindada su independencia sin injerencias de los grupos políticos.


Sr. presidente del Gobierno de España:

El Gobierno ha aprobado un decreto por el que se podrá nombrar presidente de RTVE por mayoría absoluta, en lugar de por dos tercios de los diputados del Congreso. Esta decisión supone una involución democrática sin precedentes en los países de nuestro entorno.

La independencia y la imparcialidad frente a cualquier grupo político o de interés han de ser valores garantizados para RTVE, que deben extenderse a todas los medios públicos autonómicos y locales. Y eso es incompatible con el control de un sólo grupo parlamentario o político como comprobamos durante tantas décadas.

La incapacidad de los políticos para consensuar un candidato al puesto no es una excusa para que un grupo político tome el control de la televisión pública, que ha logrado el respaldo de la audiencia y el respeto de los profesionales y los ciudadanos.

Dicho en términos de actualidad, con esta decisión, el déficit democrático de España (tan importante en nuestra opinión, como el de las finanzas públicas) incumple todos los objetivos fijados en las sociedades avanzadas. Y la prima de riesgo de las libertades en nuestro país frente a los de nuestro entorno, se ha elevado muchos puntos, básicos para el respeto que los políticos deben tener por los ciudadanos.

La libertad de expresión y de información, la imparcialidad de los medios públicos, y el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, son valores constitucionales tan importantes como el equilibrio presupuestario. Por ello, es imprescindible que los partidos políticos se pongan de acuerdo para blindar los avances logrados en la profesionalización y la independencia de RTVE y todos los medios públicos.

Por todo ello, los firmantes pedimos:

1. Que el Gobierno de España derogue el decreto anunciado el viernes, 20 de abril de 2012, por el que se designará al presidente de RTVE por mayoría del Congreso de los Diputados.
2. Que se mantenga el sistema aprobado en 2006 que obliga a que esa designación sea respaldada por dos tercios de los parlamentarios, lo que precisa el consenso entre los grupos políticos.
3. Que los partidos políticos hagan su trabajo y cumplan con su obligación de acordar un candidato profesional, de trayectoria contrastada e imparcial para que continúe la labor de lograr una televisión pública de calidad, a la altura de las exigencias de los ciudadanos.
4. Que se garantice que los futuros presidentes del ente público puedan desarrollar su labor sin interferencias de ningún tipo, de acuerdo a criterios profesionales, y con independencia de poderes políticos y grupos de presión.
5. Que se dote a RTVE de instrumentos de financiación suficientes para que pueda ofrecer a los espectadores programas de calidad e informativos solventes.
6. Que los partidos políticos se comprometan a ampliar este sistema de elección y estas garantías a las televisiones y medios autonómicos y locales.
7. Que los partidos políticos, agentes sociales, organizaciones profesionales de periodistas, asociaciones de espectadores, operadores del sector y cuantas personas estén interesadas en este tema, manifiesten su rechazo a esta decisión partidista e intervencionista.

Por todo ello, pedimos que el Gobierno reconsidere esta decisión y respalde a los profesionales de RTVE para que mantengan la mejora de la calidad y del respeto a sus informativos que han logrado. En su lugar, Gobierno y oposición deberían esforzarse en designar inmediatamente a un presidente de RTVE solvente, independiente y profesional. Y no volver a preocuparse de la radio y la televisión pública hasta que finalice su mandato.

Atentamente: Alberto Estévez

Carta dirigida al Ministro del interior SR. Jorge Fernandez Diaz


Criminalizar la protesta civil atenta contra los Derechos Humanos

M.I. MInistro del Interior don Jorge Fernandez Diaz:

La reforma del Código Penal prevé una pena mínima y prisión provisional para quienes convoquen manifestaciones que sean consideradas como “violentas” por Internet.

También se criminaliza a protesta civil calificando la resistencia pasiva como “delito de integración en organización criminal” que podrá ser penado hasta con 4 años y prisión provisional.

Ante esta reforma es importante recordar el Artículo 21 de la Constitución Española:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

El Estado español debe garantizar que las personas pueden protestar de forma pacífica, difundir información y criticar a los propios gobiernos respecto a la protección o promoción de los derechos humanos.

Estas reformas atemorizan a la población, y les impulsa a no protestar y aceptar la pérdida de Derechos Fundamentales que se impulsa desde los mercados financieros, con la complicidad de instituciones europeas, españolas e internacionales.

Aprobar leyes que fueron derogadas hace 50 años no significará mayor seguridad para los españoles, ni siquiera para los que no protestan. Significará aumentar la crispación, la protesta y objeción de conciencia ante los abusos que maltratan a las personas más débiles de nuestra sociedad.

Sr. MInistro, no apague el fuego con gasolina. Las Instituciones están para defender a los ciudadanos ante los poderosos, no para ayudar a los poderosos a quebrar la dignidad de las personas. Si no acepta argumentos lógicos y razonables, al menos, lea los siguientes tratados internacionales, que son vulnerados por su reforma, y en cuyo fundamento será denunciado el Reino de España por Violación de los Derechos Humanos.

Artículos 6, 8 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53144.pdf

Artículo 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml

Artículo 6, 8, 12, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
http://www.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm

Artículo 10 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/SpanishEspagnol.pdf

Artículos 1, 5 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53144.pdf

Espero que recapacite en cuanto a la oportunidad de la mencionada reforma.

Atentamente: Jose Cosin Alvarez

Carta dirigida al señor Montoro -Ministro de hacienda


Estimado señor Montoro:

El Ejecutivo del que usted forma parte acaba de aprobar una amnistía fiscal tanto para las rentas no declaradas localizadas fuera de España como las ocultas dentro del país.

Pese a que la medida se puede justificar por la obtención de ingresos adicionales para las arcas públicas, ésta supone perdonar un grave delito como es la defraudación en impuestos. Este grave problema ha supuesto la merma de los ingresos del Estado. Y no podemos olvidar que su gobierno ha realizado el mayor recorte de servicios públicos de la historia reciente en España, bajo la premisa de no contar con fondos suficientes para la sostenibilidad del Estado.

Esta medida de “amnistía fiscal” es tremendamente injusta, puesto que quien se acoja a ella pagará menos que si hubiera tributado de forma convencional. De hecho, una propuesta similar fue tachada en el 2010 por su formación política como “impresentable”, “injusta” y “antisocial”.

No parece, además, que su medida vaya a solventar el problema del déficit estatal, ya que aunque pueda suponer la obtención de ingresos puntuales, incentivará a medio plazo la economía sumergida del país y el desvío de las grandes riquezas nacionales en paraísos fiscales del extranjero.

Por todo ello, le exijo como ciudadano que retire de inmediato la ‘amnistía fiscal’, para que a toda persona le sea exigido en igualdad de condiciones el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Atentamente:   Maxileaks